Colombia vive un "momento dramático", de "represión, muerte y abandono" en los territorios, con un aumento de la violencia contra líderes sociales y con un Gobierno que tiene a los organismos de control "en sus manos", señaló el exmagistrado del Supremo del país suramericano Iván Velásquez.

El exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2019 aseguró a Efe en una entrevista virtual que en su país hay un "un incremento exagerado de muertes de líderes sociales, de excombatientes", así como una creciente "impunidad" de "organismos de control en manos del Ejecutivo", dirigidas por "funcionarios que fueron de este Gobierno".

El clima de tensión toca diversas aristas políticas y sociales, según Velásquez. Desde un "sabotaje" a los acuerdos de paz, que fue "torpedeado desde la oposición de entonces y hoy desde el Gobierno", a una "desatención muy fuerte que se está viviendo en los territorios", una sensación de "abandono" que genera "un momento dramático" para el país suramericano.

Preocupado por esa violencia creciente, Velásquez recuerda que solo el año pasado hubo alrededor de 60 masacres y "de hecho, este año ya son 15 o no sé cuántas se han cometido. Excombatientes que han muerto semanalmente. Es una situación complicada".

La impunidad de la región 

El abogado regresó a Colombia tras su salida de Guatemala en 2019, al concluir el mandato de la Cicig en el país centroamericano, en el que encabezó una lucha anticorrupción que encarceló a más de 200 personas, incluido el expresidente del país centroamericano Otto Pérez Molina (2012-2015).

"La gran corrupción, que es la que ejerce y tienen capturados a nuestros Estados, es a la que no le interesa que haya una justicia independiente y esto se predica de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Venezuela; en esto no ha habido distingos", esgrime.

Igual que en Guatemala, en Colombia hay "un Congreso que tiene también una coalición mayoritaria a favor de un Gobierno que no controla al Gobierno. Estamos también en esa situación difícil".

La idea de una comisión anticorrupción regional ha sido sugerida públicamente por Velásquez, y podría tener éxito en su opinión, salvo que "sea de una competencia muy restringida, de asistencia puramente técnica o de capacitación, que no produce los efectos en la lucha contra la corrupción".

En Colombia, enfatiza, el círculo del presidente, Iván Duque, y de su principal aliado Álvaro Uribe, el exmandatario colombiano, "no va a tener ningún interés en una comisión como la Cicig".

Velásquez pone el ejemplo de la designación del exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien "fue abogado principal del socio colombiano de Odebrecht" y que, según indica, fue electo "para impedir que el tema de Odebrecht pudiera avanzar cuando comprometía el financiamiento de las campañas políticas del propio expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y del Centro Democrático (el uribismo)".

Precisamente, insiste Velásquez, "hechos como ese sí serían investigados, así como también serían investigados quienes están detrás de la muerte de líderes sociales, de excombatientes, de defensores de derechos humanos y eso tampoco les interesa".

El excomisionado advierte que hay incertidumbre en su país sobre el manejo de la pandemia, pues "no sabemos cómo se están utilizando los recursos. El endeudamiento que el Gobierno va incrementando con el pretexto de la pandemia que ha permitido esas medidas de calamidad por la salud, que han permitido también el establecimiento del autoritarismo, la ausencia de control político", como un combo de impunidad.

Desde la firma en noviembre de 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC hasta el 21 de febrero de 2021 en Colombia, el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó 164 masacres que ocurrieron en 25 departamentos y dejaron 663 muertos.

EFE